Si no cumplen “se iniciarán acciones legales pertinentes”, indicaron desde la cartera.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, intimó a los sindicatos que participaron en cortes de calles en diciembre a pagar multas en concepto de un “pago solidario” por “los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre para que cesaran actos ilegítimos y mantener el orden”.
“En virtud de las Resoluciones 943 y 949/23 y varios informes se determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que intimo al sindicato camionero al pago solidario de $40.419.227,56 en el plazo de 10 días hábiles“, afirmó el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, en una carta-documento.
“El pago deberá realizarse en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos de ese día en miras de mantener el orden público”, señaló Siracusa, quien advirtió que si no se cumple “se iniciarán acciones legales pertinentes”.
El 27 de diciembre la CGT, la CTA (tanto la de los Trabajadores como la Autónoma) y varios movimientos sociales hicieron una movilización hacia el Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al DNU del Gobierno y para realizar presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.
Además de Camioneros, UOM, UTEP, CTA y UOCRA, las organizaciones multadas por esa movilización fueron Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
La CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial recibieron multas de hasta $56.760.282,58 por la movilización a la Jefatura de Gabinete del 22 de diciembre.
“Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, expresó la CTA en un comunicado.